Desalojo violento en Río Luján: la Policía se excedió y demolió casas de más

El 2 de enero, un operativo que involucró a 650 uniformados en Pilar, Buenos Aires, resultó en el desalojo de 266 personas, incluyendo menores. Denuncias de asociación ilícita, abuso de autoridad y abandono de personas marcan la situación crítica que viven los afectados, quienes exigen respuestas urgentes del estado en todos sus niveles y garantías de sus derechos humanos.

Desde las 5 de la mañana del 2 de enero de 2025, el barrio Río Luján, ubicado en la localidad de Fátima en Pilar, provincia de Buenos Aires, fue escenario de un desalojo violento que dejó a más de 80 familias en la calle. El operativo, que involucró más de 600 efectivos de diversas fuerzas de seguridad, fue denunciado como  abuso de autoridad,  incumplimiento de deberes  y abandono de personas por parte de funcionarios públicos, incluyendo al fiscal Andrés Quintana y al secretario de legal y técnica del municipio, Leonardo Luis Pastor.

Marta Cóceres, trabajadora comunitaria y madre de cinco hijos, se ha convertido en una voz destacada en la denuncia de las irregularidades perpetradas durante el operativo que desalojó y demolió 15 manzanas. Ella dirige el comedor “Corazón Abierto”, que fue demolido durante el desalojo. Marta expresó su indignación ante la falta de respeto a los derechos humanos y la crisis humanitaria que enfrentan las familias desalojadas, sumando un total de 266 personas afectadas. La denuncia presentada por Marta y otros vecinos destaca que no hubo notificación alguna, durante el desalojo no se mostró una orden judicial y que las familias fueron forzadas a destruir sus viviendas bajo amenazas. “Nunca hemos usurpado; esta situación parece ser parte de una farsa donde están involucrados ilícitamente integrantes del poder judicial, el municipio y la policía”, afirmó Marta. Las autoridades locales fueron denunciadas por abandono de personas, ya que no ofrecieron asistencia adecuada a quienes quedaron sin hogar.

Desde el violento operativo, la comunidad se organizó para realizar ollas populares en los dos comedores del barrio y brindar apoyo a los afectados.  Hubo un corte de ruta y una manifestación al centro de Pilar. La situación sigue siendo crítica y hay constantes intimidaciones por parte de las fuerzas policiales en el barrio.

Bioinsumos.ar pudo acceder al expediente donde se desprende que el juez Walter Saetone, titular del Juzgado 7 de Garantías de Pilar, ordenó al fiscal desalojar  como parte de una medida precautoria en respuesta a un pedido del secretario de legal y técnica de Pilar para restituir  los terrenos previa caución juratoria a una familia, quienes afirman ser titulares y que el juez consideró que han probado en forma precaria su derecho, además ordenó al fiscal Quintana “que intervenga en el operativo la Secretaría de Acción Social del municipio de Pilar para resolver el problema habitacional que podría ocasionar el desalojo”. Sin embargo, habiendo estado presentes mientras se desarrolló el operativo cuando intentábamos entregar donaciones de alimentos al comedor  Corazón Abierto junto al director técnico del mercado de Pilar como parte de nuestra colaboración para garantizar la soberanía alimentaria en la zona, pudimos constatar que no se reubicó a las personas desalojadas y hasta la fecha permanecen centenares de personas subsistiendo a la intemperie en medio de días de alta temperatura, entre quienes hay bebés, infancias, mujeres, ancianos, personas con discapacidades y enfermedades, además de decenas de perros.

En el barrio se conformó una Asamblea Vecinal que emitió varios comunicados, que detallan que durante el desalojo no se mostró una orden judicial y que las familias fueron forzadas a destruir sus viviendas bajo amenazas. Los vecinos también denunciaron al subsecretario de hábitat de la provincia de Buenos Aires, Rubén Pascolini por abandono de personas, así como a policías por su papel en el operativo. Se reportó que la policía actuó con violencia, golpeando e intimidando a los residentes y destruyendo sus pertenencias sin previo aviso. Se pidió que se investigue a policías que estarían implicados en la venta de terrenos.

La Comisión Provincial por la Memoria, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)  y la Defensoría del Pueblo de la provincia asesoran a la Asamblea Vecinal y colaboran con otras organizaciones de la sociedad civil como la ONG TECHO, que brinda asistencia en el barrio.

 El 6 de enero, las familias desalojadas realizaron una manifestación en el centro de Pilar para exigir respuestas concretas ante esta emergencia que vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional. La protesta fue acompañada por militantes de partidos de izquierda y contó con un fuerte operativo policial de custodia, comenzó en las puertas de la Fiscalía 2 adonde pudieron ingresar 3 vecinos, y al salir contaron que el secretario de la fiscalía 2 reconoció que “la policía por error demolió manzanas que no figuraban en la orden de lanzamiento“, luego la marcha continuó hasta el palacio municipal donde intentaron entregar una nota pero la mesa de entradas estaba cerrada y el edificio custodiado por un cordón policial.

 La manifestación permaneció durante 4 horas mientras las familias afectadas expresaron la dramática situación que se vive en el barrio y leyeron a través de un megáfono la nota con la que solicitan una mediación con las autoridades para garantizar el respeto a los derechos humanos y una solución habitacional digna para las familias afectadas.

Desde la Asamblea Vecinal destacaron que muchas familias fueron estafadas en la venta de terrenos  por vendedores. También informaron sobre la urgente necesidad de agua potable (bidones, botellas o filtros), ropa para adultos y niños, elementos de higiene (toallitas húmedas, pañales, jabón), alimentos no perecederos, colchones y frazadas. La comunidad espera respuestas concretas ante esta crisis humanitaria que afecta a cientos de personas y vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.