A un mes del desalojo en Río Luján: se confirman las irregularidades

87 familias fueron desalojadas, presentaron un amparo y denunciaron que al menos dos manzanas del barrio fueron desalojadas y demolidas sin orden judicial. Piden soluciones.

Una de las principales irregularidades del desalojo ocurrido el 2 de enero y que involucró a 650 uniformados señalada tanto por las familias afectadas como por distintas organizaciones de la sociedad civil es que se realizó por la vía penal y sin cumplir el protocolo vigente sancionado por la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. No hubo un censo para conocer la situación de los habitantes y se desalojó sin imputar a nadie, negando así el derecho a la defensa. La policía junto a otras fuerzas de seguridad  y empleados del municipio de Pilar vaciaron el barrio con violencia, sin mostrar ni orden judicial ni un mapa de su alcance, estos argumentos, entre otros, figuran en el amparo presentado por una abogada integrante de Asociación de Profesionales en Lucha (APEL), en defensa de los derechos constitucionales de las 87 familias afectadas por el operativo y que no tuvieron asistencia ni respuesta del gobierno municipal liderado por Federico Achával, ni por el gobierno de Axel Kicilof en la provincia.

Micaela, embarazada de 5 meses y madre de 3 hijos cuenta que a un mes del desalojo pudo comprobar en la fiscalía 2 que su manzana fue desalojada sin figurar en la orden que había pedido el fiscal Quintana y autorizado el juez Walter Saettone.  Realizó la denuncia en la fiscalía 4 por incumplimiento de las funciones de funcionario público. “Derrumbaron nuestra casa. Quedamos en la calle. Nos tuvimos que mudar a alquilar a José C Paz, mis hijos estudian en Pilar, nos dieron vuelta la vida y ahora dicen que fue por error. Nosotros pagábamos Arba y tenia los impuestos del lote a mi nombre. Necesitamos una solución del municipio”.

Muchas familias fueron estafadas, uno de los denunciados es Christian Heinzel, quien fue imputado por usurpar el predio lindero al barrio y montar una chatarrería. Según las familias, Heinzel se comportaba como dueño de los lotes y con un socio suyo que se presentaba como Santiago, concretaban las ventas. Pocos meses antes del desalojo de la chatarrería realizado el 19 de noviembre, los estafadores vendieron alrededor de una decena de lotes, con un valor promedio de 3 millones de pesos por lote,  varios compradores son albañiles integrantes de las colectividades boliviana y paraguaya.

Otros estafadores vivían en barrios linderos y luego se dieron a la fuga, Iván, un trabajador de la construcción de 21 años y padre de una bebé de 4 meses declara: “Denuncié al vendedor, luego del desalojo lo quise contactar, pero se había ido a Paraguay. Me tranquiliza que no nos puedan acusar de usurpar, pero con mi pareja pensábamos que habíamos comprado un terreno para construir nuestro hogar, y ahora nos quedamos sin ahorros y sin casa. Habíamos pagado 5 millones de pesos”. 

Luna y Brian son una pareja con 5 hijos, luego del desalojo se instalaron junto con otras familias en lotes prestados del barrio lindero. Decenas de familias conviven en construcciones precarias. Brian cuenta: “Fue muy duro aguantar durante este mes, hizo muchísimo calor, no tenemos agua, nos sostenemos entre todos con ollas populares”. Luna agrega: ” Es muy complicado sobre todo para los chicos, lo poco que teníamos nos lo rompieron en el desalojo, luego cuando nos acomodamos vino una lluvia fuerte y volvimos a perder lo que habíamos juntado, recibimos donaciones de ropa y colchones. Pronto vienen las clases y necesitamos instalarnos en un lugar fijo para que nuestros hijos puedan vivir y estudiar con tranquilidad. Participamos en las asambleas vecinales, presentamos notas en el municipio, no nos quisieron atender. Ahora esperamos que respondan al amparo y que los responsables cumplan con sus funciones. Hay ancianos, personas con discapacidades y familias enteras esperando una solución.”

Además de las viviendas, fue derrumbado el comedor Corazón Abierto, que también estaba ubicado en una manzana que no figuraba en la orden judicial. La Comisión Provincial por la Memoria, APEL, la ONG Techo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos acompañan a las familias afectadas, realizaron presentaciones ante autoridades estatales y judiciales y realizaron una junta de firmas en repudio al desalojo que consideran ilegal.

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