Solidaridad frente al hostigamiento contra abogados defensores de derechos ambientales en San Nicolás.

Desde hace varios meses se viene desarrollando una preocupante escalada de hostigamiento contra el trabajo de quienes intervienen en causas ambientales. Las agresiones se focalizan en el Doctor Fabian Maggi, pero pretenden oscurecer la labor profesional y social de todos quienes accionan en la región de la cuenca del río Paraná en causas judiciales vinculadas a contaminación industrial, daño ambiental, protección del río y su delta, ecosistemas asociados, sus comunidades y la salud pública.

Normalizar, admitir que quienes llevan adelante profesionalmente litigios ambientales contra grandes corporaciones económicos puedan ser simultáneamente objeto de denuncias disciplinarias infundadas, campañas de estigmatización pública y mecanismos de presión destinados a desalentar el ejercicio de la defensa judicial de derechos colectivos, resulta extremadamente grave al sentar un precedente institucional inaceptable.

Las organizaciones socioambientales como de derechos humanos expresamos la plena solidaridad para con el colega agraviado públicamente, usando y abusando de un medio de comunicación relacionado de modo directo con los intereses económicos puestos a la consideración e investigación del poder judicial por medio de las organizaciones que el Dr. Maggi representa, impulsando de manera fundada, el proceso penal.

Presentes, transitando un ejercicio de la ética del cuidado mutuo, de quienes nos dedicamos en una vinculación amorosa con la madre tierra de la que somos parte vital, a la defensa de las diversidades ecológica, cultural y económica a escala humana, sino, además, convocando en estas horas a un diálogo de saberes populares y académicos para este cuidado respetuoso y apoyo incondicional para quienes son tratados de manera agresiva desde el abuso del lenguaje y el poder, una mal ejemplo que nace desde los más altas esferas institucionales y que bajo ningún punto de vista vamos a tolerar.

Existe una brutal arrogancia cuando no se respetan los límites ni se reconocen las diferencias, que en última instancia, son las bases del respeto.
La denuncia disciplinaria promovida por un directivo imputado en la causa “Atanor”

El 19 de septiembre de 2025, Juan Mauricio Berenguel —gerente de la multinacional “Atanor” San Nicolás e imputado penalmente en la causa vinculada a la explosión ocurrida en dicha empresa— promovió una denuncia disciplinaria ante el Colegio de Abogados de San Nicolás contra la actuación profesional del Dr. Fabián Maggi, como abogado denunciante en causas ambientales relacionadas con esa firma.
La denuncia sostuvo insólitamente que las declaraciones públicas realizadas sobre expedientes judiciales y administrativos de interés colectivo, así como la difusión periodística de resoluciones, clausuras, informes técnicos y actuaciones oficiales, constituían supuestas infracciones éticas e incluso una presunta “violación de secretos”.
Llama, poderosamente la atención, que hasta el momento el Colegio de Abogados de San Nicolás, no adoptó una actitud ni decisión clara, relevante, como oportuna frente a semejante agravio al ejercicio profesional expuesto.

Todo ello ocurre además en causas judiciales donde existen resoluciones, investigaciones y antecedentes de enorme relevancia institucional. En el caso puntual de “Atanor”, la Cámara de Apelaciones de San Nicolás confirmó judicialmente la existencia de daño irreversible al Río Paraná.
Respuesta presentada ante el Colegio de Abogados.

Ante las autoridades del Colegio de Abogados de San Nicolás, se rechazó la denuncia por ser manifiestamente falsa e improcedente, señalando que se trataba de un intento de hostigamiento vinculado directamente a la actividad profesional desarrollada como abogado defensor de derechos humanos en conflictos socio ambientales de la región.

En ese descargo se manifiesta, además, que las causas ambientales vinculadas a “Atanor” registran condenas judiciales, investigaciones penales, llamados a indagatoria y resoluciones administrativas de público conocimiento, cuestionando que se pretenda convertir el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa ambiental en una falta disciplinaria. Concretamente quien denuncia ante el Colegio de Abogados, el gerente Juan M. Berenguel fue llamado a indagatoria por la explosión del reactor de “Atanor”, encontrándose imputado de atentado a la salud pública e infracción a la ley de residuos peligrosos.
Asimismo, se invocó expresamente el artículo 9 del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que obliga al Estado y a las instituciones a garantizar un entorno seguro para quienes defienden derechos humanos en asuntos ambientales, protegiéndolos frente a amenazas, intimidaciones y hostigamientos. Dicho acuerdo Latinoamericano, ratificado por ley, es de aplicación y cumplimiento, no solo por parte del Estado, sino además, y muy particularmente en el marco del delicado y grave contexto social y político que da su razón de ser al Acuerdo regional referenciado, de especial atención y cumplimiento por parte de las autoridades de los colegios profesionales vinculados.

La publicación del diario “El Norte”

La situación de hostigamiento se agravó todavía más con la publicación realizada por el diario “El Norte” bajo el título “Mafia del Derecho Ambiental: el negocio de los mil millones de pesos”.
Allí se atribuye falsamente conductas delictivas, corrupción, extorsión y supuestos vínculos espurios con magistrados y peritos judiciales, sin exhibir una sola sentencia, prueba documental o elemento objetivo que respaldara semejantes acusaciones contra en Doctor Maggi. Las afirmaciones publicadas no constituyen opiniones ni críticas sobre estrategias judiciales o posiciones ideológicas: se trata de imputaciones concretas de hechos ilícitos formuladas con absoluta irresponsabilidad y real malicia en el medio de comunicación citado.
La gravedad institucional de estas publicaciones excede el plano personal. Este tipo de prácticas buscan desacreditar públicamente a quienes intervienen ejerciendo el derecho en litigios ambientales de interés colectivo y generar un efecto intimidatorio respecto del libre ejercicio profesional y la defensa de derechos humanos en asuntos ambientales.

La respuesta del presidente del Colegio de Abogados.

Especial preocupación generó en el colectivo de colegas del derecho que vienen siguiendo estos graves acontecimientos, la respuesta institucional suscripta por el Presidente del Colegio de Abogados de San Nicolás, Alejo Maiztegui, quien lejos de advertir la gravedad institucional de los hechos denunciados, decidió sostener la continuidad de un trámite disciplinario manifiestamente improcedente.
En lugar de resguardar el libre ejercicio de la profesión frente a una evidente campaña de hostigamiento y estigmatización pública, se optó por cuestionar las expresiones que utilizó Fabián Maggi en su denuncia frente a la persecución, relativizando el contexto de intimidación que rodea el caso.
Resulta inadmisible que mientras se desarrollaban publicaciones periodísticas que atribuían falsamente conductas delictivas, extorsivas y mafiosas, el Colegio de Abogados no haya emitido una defensa clara e inmediata de las garantías básicas que protegen el ejercicio profesional y la libertad de expresión en asuntos de interés público.

La actuación asumida por el Presidente del Colegio proyecta un mensaje institucional profundamente preocupante: quienes litiguen contra grandes intereses económicos vinculados a contaminación ambiental pueden quedar expuestos simultáneamente a denuncias disciplinarias infundadas, campañas de estigmatización mediática y respuestas institucionales ambiguas o insuficientes.
La aceptación como la potencial complicidad con este tipo de prácticas implica debilitar gravemente las garantías democráticas, el libre ejercicio profesional y el acceso efectivo a la justicia ambiental.

Grave contradicción institucional
La situación adquiere todavía mayor gravedad institucional frente a la posición asumida públicamente por el propio Colegio de Abogados de San Nicolás emitiendo un ambiguo comunicado institucional donde sin referenciar al Doctor Maggi, reconoció públicamente que las publicaciones periodísticas basadas en “fuentes anónimas” y afirmaciones sin respaldo documental no constituyen prueba de nada y que utilizar términos de connotación delictiva contra abogados ambientalistas afecta garantías fundamentales. Sin embargo, en un sorprendente contraste, decidió mantener abierto un procedimiento disciplinario originado precisamente en ese mismo contexto de persecución y estigmatización.
El comunicado institucional del Colegio fue tan débil y ambiguo que el diario “El Norte” lo utilizó para reiterar el título “La Mafia del Derecho Ambiental” al publicar la propia respuesta del Colegio de Abogados.
La secuencia de hechos descriptos —la denuncia disciplinaria promovida por directivos empresariales, las publicaciones estigmatizantes, la ausencia de una defensa institucional clara del libre ejercicio profesional y la continuidad del trámite disciplinario— genera una profunda preocupación sobre las garantías de imparcialidad y protección que deberían regir frente a situaciones de evidente hostigamiento contra abogados ambientalistas.

Nueva publicación y continuidad del hostigamiento

Lejos de cesar, el hostigamiento continuó mediante nuevas publicaciones profundizando la misma línea de estigmatización, persecución y descrédito. El 17 de mayo de 2026 nuevamente fue tapa central del “Diario El Norte” que esta vez escaló a poner una fotografía con el rostro del Doctor Maggi, con un contenido descabellado y falso desde donde se lo considere.
Convocatoria a organizaciones y colegas del derecho.
Ante esta grave situación convocamos a organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos, sindicatos, colectivos académicos, abogados/as, periodistas y ciudadanos/as comprometidos/as con el Estado de Derecho, la preservación de los bienes comunes como el ejercicio de la ética del cuidado mutuo, a expresar el mayor repudio frente a estas prácticas persecutorias contra defensores ambientales (1).
Abogado defensor del río Paraná, del sistema de humedales y sus comunidades frente a los procesos de mega artificialización, tanto urbanos como de su valle de inundación que se pretende pampeanizar. Colega con visión de cuenca, riguroso en el cumplimiento de las herramientas de la democracia ambiental, la participación social, los estudios de impacto ambiental y sus evaluaciones independientes.
En el contexto expuesto, solicitamos el inmediato archivo de la denuncia disciplinaria promovida contra Fabián Maggi; – el respeto irrestricto al Acuerdo de Escazú y el cumplimiento efectivo en la aplicación de las garantías que protegen a defensores ambientales; – el cese de toda forma de intimidación institucional o mediática contra abogados/as que ejercen la defensa de derechos colectivos; – y la defensa efectiva, real, del libre ejercicio profesional frente a campañas de estigmatización.
Defender el ambiente, litigar contra la contaminación y ejercer el derecho de expresión sobre causas ambientales no constituye una falta ética ni un delito, sino el ejercicio del deber expuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional. El verdadero riesgo institucional es normalizar la persecución contra quienes denuncian daños ambientales y representan legalmente a comunidades afectadas que reclaman la plena vigencia del derecho humano a un ambiente sano.
Cuando se intenta silenciar a quienes denuncian contaminación, impactos sociales y ambientales negativos, representan judicialmente a comunidades afectadas, no solo se agravia a un profesional en particular, se debilita el acceso ciudadano a la justicia y el propio Estado de Derecho.
La empatía y ética ambiental que expresa el Dr Maggi, es un particular ejemplo de “… la condición previa para nuestra experiencia de habitar un mundo compartido, en la medida en la que proporciona aquella orientación sensitiva que en el ubunto sudafricano se expresa con particular belleza: “soy porque somos”.(Afectividad Ambiental (2))
Y así, en razón de que soy porque somos, La Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. (CAJE) se expresó frente al Colegio de Abogados de San Nicolás, en terminos similares, exponiendo los hechos, celebrando que el Doctor Fabián Maggi sea parte relevante del equipo de litigio estratégico de la Asociación que conformamos, manifestando nuestra total solidaridad y apoyo frente a semejante escenario de vulneración de los derechos constitucionales y convencionales expuestos.

Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial. (CAJE)

1 Quienes estén de acuerdo con la necesidad de la defensa del libre ejercicio de la profesión, en especial de los defensores ambientales, solicitamos tenga a bien tomarse el tiempo para remitir un correo electrónico de repudio dirigido al Colegio de Abogados de San Nicolás a la dirección de mail secretaria@colegiosn.com.ar, con copia a estudiojuridico@maggi.com.ar , a los efectos de poder llevar un control y exigir al Colegio la incorporación al expediente disciplinario expuesto.
2 Afectividad ambiental: sensibilidad, empatía, estéticas del habitar / Omar Felipe Giraldo, Ingrid Toro.- México: Universidad Veracruzana, 2020.

Más info  https://aadeaa.org/