Mafia inmobiliaria y policial  extorsiona a vecinos  en zona rural de Escobar

Compartimos un comunicado de la Unión Vecinal Tajamar, que informa a la comunidad sobre un grave incidente ocurrido el 5 de noviembre, un grupo organizado perpetró actos de extorsión y violencia contra familias vecinas. La policía exige a los vecinos pagos dolarizados. Realizarán una radio abierta el 28 /11.

“El 5 de noviembre, a las 10 horas 10 familias que residen en 49 lotes adyacentes al arroyo Tajamar y el frigorífico FRIMSA a lo largo de la calle San Isidro entre Los horneros y Los ciruelos  fueron víctimas de una violenta incursión por parte de aproximadamente 50 personas armadas, junto con un grupo de civiles que dijeron representar al municipio de Escobar, aunque las topadoras y camiones presentes no tenían el logo municipal. Este grupo fue liderado por un presunto secretario de la fiscalía 5, Tomás Cornú,  el comisario de la Comisaría 1ra de Escobar, Sebastián Mansicidor, y una supuesta jefa de calle de la misma comisaría, quien nunca dio su nombre ni se quitó los anteojos oscuros y la gorra. Durante más de 4 horas, los agresores amedrentaron a los habitantes, violentando sus viviendas y exigiendo que vaciaran sus hogares bajo la amenaza de un desalojo que nunca fue respaldado por la exhibición de una orden judicial”.

Rehenes de la policía

“A las 14 horas, se alejaron los vehículos y la gran mayoría de los uniformados, los vecinos fueron convocados bajo un árbol, donde solo permanecieron un comisario y la supuesta jefa de calle. En ese momento, el individuo que se presentó como Tomás Cornú, secretario de la fiscalía 5, les comunicó que debían negociar con los nuevos “dueños” para evitar el desalojo. Este apoderado del “nuevo dueño”, identificado como Acuña, exigió un pago de 20 mil dólares por lote, totalizando 1.060.000 dólares por los 49 lotes involucrados”.

“Es importante destacar que todos los vecinos compramos nuestros lotes a Juan Chaparro, un hombre que había sido peón del campo y que, tras vivir más de 32 años en el campo, decía haber obtenido la cesión de sus antiguos empleadores. Nos mostró a todos un plano municipal que respaldaba su afirmación. La mayoría de los compradores somos de la zona y algunos pocos llegaron a través de personas en común con Chaparro. Hasta el día del operativo, lo considerábamos a él y su familia como vecinos y amigos.  El supuesto apoderado relató que la orden de desalojo había sido autorizada para sacar a Chaparro y nosotros no figuramos en ella. Cuando el apoderado se presentó ante nosotros, afirmó: “No sabíamos que había otras familias y por eso pedimos que se frene el desalojo y estamos dispuestos a negociar”. 

“Cualquiera puede ver la cuadra en Google Maps y comprobar que hay edificaciones. Algunos vecinos han logrado obtener el medidor formal puesto por Edenor, y hay residentes ancianos con domicilio en el DNI que son afiliados a PAMI y cobran por ANSES. El Estado no puede alegar desconocimiento sobre nuestra presencia”.

“Durante el operativo, hubo más de una docena de vehículos entre camionetas, patrulleros, autos civiles, dos camiones y  topadoras. Algunos vehículos estaban identificados como policía rural, policía científica y de la provincia de Buenos Aires. Los agentes no llevaban distintivos con su rango ni apellido. Además, trajeron dos supuestos testigos pero nunca nos pidieron el DNI ni cumplieron con las formalidades requeridas para un operativo legal. En un momento, algunos policías más tranquilos nos dijeron que eran de otras localidades y que habían acudido como refuerzos, pero no sabían qué hacían ahí.

“Entre los agentes presentes, había seis mujeres policías. Los vecinos también enfrentamos restricciones severas durante este operativo; no nos dejaban salir del barrio y nos prohibieron usar los telefonos. Una vecina logró filmar con su teléfono celular lo ocurrido, pero una mujer policía la obligó a borrar las grabaciones. Sentimos que fue una toma de rehenes, nos sentimos despojados de nuestro  derecho a vivir en paz y seguridad. “Estábamos haciendo nuestra vida cotidiana y de pronto 50 personas armadas entraron a nuestras casas pateando puertas sin identificarse“, relataron.

“Un grupo de policias entró a una casa con armas, se sentaron alrededor de la mesa y se comieron todas las frutas que habian en un frutero. Mientras el comisario Sebastián Mansicidor recorría el barrio diciendo: “Yo hago una llamada freno esto y ustedes consigan plata para pagar y quedarse con las casas”. 

Nuestra comunidad:

“Es fundamental resaltar que somos 60  personas pacíficas y trabajadoras: albañiles, agricultores, docentes, un colectivero, un policía y empleados diversos, algunas personas perdieron sus empleos pero trabajan construyendo sus viviendas o realizan changas en el mismo barrio. Varias familias cultivan alimentos en forma agroecológica en chacras cercanas y también en el barrio para autoconsumo. Nuestras familias incluyen menores en edad escolar, bebés y ancianos. Estamos comprometidos con nuestra comunidad y buscamos vivir en armonía y seguridad y llegamos acá con esfuerzo buscando cumplir nuestro sueño de la casa propia”.

“Además, es relevante mencionar que Juan Chaparro, con las ventas de lotes, incrementó su patrimonio; su familia está compuesta por nueve personas y poseen camionetas, autos nuevos y camiones y es la única casa que logró tener un medidor de electricidad de recarga. Durante todo el operativo, Juan Chaparro se mostró tranquilo, ni siquiera sorprendido, lo cual nos hizo pensar que todo era muy raro. Se suponía que decían que él nos había estafado y ahora teníamos que volver a comprar los lotes a un nuevo dueño; todo fue muy insólito. Adicionalmente, nos tomaron los datos a todas las personas presentes; hubo vecinos ausentes porque trabajan o porque aún no pueden habitar sus construcciones. En los días posteriores, esta persona que se identificó como secretario de la fiscalía llamó a varios vecinos diciendo que debían presentarse a la fiscalía; sin embargo, nadie recibió nunca una notificación formal y no estamos imputados en ningún caso. Nunca usurpamos; resaltamos que esta situación parece ser una farsa donde parecen estar asociados ilícitamente  integrantes del poder judicial, la policía, el apoderado y el propio Chaparro y sus familiares”.

“En la fiscalía Tomás Cornú le dio una copia a los vecinos que fueron a dar declaración testimonial pero se negó a tomar denuncias contra Chaparro y les mostró una orden de desalojo vigente para el día 28 de noviembre.

“Ante esta situación tan desconcertante, nos asesoramos y acudimos a pedir representación al abogado Juan Huaquipa y contactamos a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Acoso

“A diario el supuesto apoderado Acuña llama a vecinos para concretar un plan de pagos, por lotes que ya pagamos. El día 12 de noviembre, el comisario de la Comisaría 1ra de Escobar, Sebastián Mansicidor, y una supuesta jefa de calle de la misma comisaría se presentaron en el móvil 31872 en los domicilios ubicados en la calle San Isidro, exigiendo a los vecinos que pagaran 20 mil dólares por lote a supuestos nuevos dueños o serían desalojados el 28 de noviembre. “Paguen o ya saben que va a pasar”, nos decían.

Desde la violenta intrusión hay un anciano que está medicado y que en el pasado tuvo un ACV, que no puede descansar bien, niños atemorizados, vecinos con problemas de presión y con temor generalizado”.

 “A través de la Defensoría y nuestro abogado vamos a solicitar que se suspenda el desalojo; reafirmamos que nunca hemos usurpado, que fuimos estafados y pedimos la solidaridad de la comunidad. Confiamos en que las instituciones democráticas actúen en defensa de la Constitución y la vida pacífica en el marco del estado de derecho en la República Argentina”.

“Luego de habernos asesorado sobre nuestros derechos comenzamos a reparar los daños que nos forzaron a realizar en nuestra propias viviendas los policías nos decían. “Dale,  ¿querés salvar el alambrado? Ponéte a desarmar, saca las ventanas, el motor de la bomba de agua porque en dos horas les vamos a derrumbar todo”.  Para luego suspender el operativo y dejarnos con las casas rotas. Además algunos policías robaron herramientas”.

Demandas comunitarias:

“Ante estos hechos alarmantes, la Unión Vecinal Tajamar  exige no solo el cese inmediato de estas prácticas extorsivas, sino también el acceso al dominio público del arroyo y la apertura de las calles públicas que han sido cerradas. Hacemos un llamado a toda la comunidad de Escobar para que se una en defensa de sus derechos constitucionales y para exigir un diálogo efectivo con el municipio y el gobierno provincial.

 

Contactos:

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