La problemática derivada del uso de plaguicidas en Argentina: una vulneración permanente de los derechos humanos

Compartimos el informe que hizo la Red De Acción en plaguicidas y sus Alternativas de Argentina al relator especial de la ONU sobre sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana. Presentamos extractos del texto, una reflexión del director de RAP AL y el documento completo para descarga.

El uso de plaguicidas en Argentina representa una grave vulneración de los derechos humanos, afectando tanto los civiles como los relacionados con el acceso a un ambiente sano, un trabajo digno y una alimentación integral. Javier Souza Casadinho, Ingeniero Agrónomo y Coordinador Regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAPAL), destaca que la exposición a estos químicos constituye una violación a los derechos fundamentales. “En la presentación, fruto del trabajo realizado en los últimos 35 años en temas de capacitación, sensibilización, denuncia y capacitación, pudimos vincular la vulnerabilidad de los derechos humanos: civiles, culturales, ambientales, laborales y de acceso a la salud, alimentos, al agua en la Argentina en relación o vinculados al registro, uso y desecho de envases de plaguicidas”, describe Javier, quien además sostiene una amplia labor docente tanto en universidades como en escuelas populares de agroecología.

El informe sostiene: “Los derechos humanos tantos los civiles como los relacionados con el acceso a un ambiente sano, a un trabajo digno, a una alimentación integral, al respeto de nuestra cultura, a estar informados sobre las características de las sustancias que manipulamos en nuestras tareas cotidianas constituyen la base de poder lograr una vida plena dentro de aquello que denominamos el buen vivir. En este caso no acceder a un ambiente sano, tanto laboral como en nuestra residencia,  implica que se estén vulnerando los derechos humanos”.

“Los Derechos Humanos, en su dimensión de derechos civiles y políticos, por una parte, y de derechos económicos, sociales y culturales por otra, junto con los derechos de la naturaleza deberían tomarse como esenciales para generar acciones, actividades, políticas públicas que resguarden la salud socioambiental y posibiliten una vida digna. Los Derechos Humanos han sido reconocidos progresivamente a través de la historia, como consecuencia de graves crisis de la humanidad y de luchas sociales, en demanda de mejoras en las condiciones de vida de las personas”.

“Los Derechos Humanos emergieron para liberar a los seres humanos de toda forma de sometimiento y esclavitud. Si bien la decisión de utilizar plaguicidas puede constituir una decisión individual, no ha estado  ajena a la relación con las políticas públicas y las presiones directas e indirectas de las empresas que fabrican y venden plaguicidas. En Argentina una gran parte de las políticas públicas, y sus instrumentos, han favorecido y consolidado un modo de producción altamente dependiente de insumos  contaminantes y que genera desequilibrios no solo en las dimensiones de la estructura agraria, sino también en otros campos sociales y productivos así como en el registro, producción, comercialización y utilización de plaguicidas”.

“A lo largo de las décadas, el uso de plaguicidas ha aumentado significativamente en Argentina, pasando de 30 millones de litros/kg en 1993 a más de 500 millones de litros/kg en años recientes. Esta tendencia se ve impulsada por factores sociales, ambientales y productivos, lo que genera una exposición masiva a estos productos químicos en todas las etapas de producción”.

“Se ha observado que las mujeres y los niños son los más afectados por la exposición a plaguicidas, tanto en el ámbito laboral como en el doméstico. La falta de protección adecuada y la presencia constante de estos químicos en el entorno agrava el riesgo de intoxicación, afectando la salud y el desarrollo de las comunidades rurales y periurbanas”.

“Además, la comercialización de 126 plaguicidas altamente peligrosos, 140 prohibidos en otros países, aumenta el riesgo para la salud humana y el ambiente. La falta de información clara sobre los riesgos asociados con estos productos y la ausencia de medidas de seguridad adecuadas contribuyen a la perpetuación de esta problemática.

Las investigaciones muestran una clara correlación entre la exposición a plaguicidas y el desarrollo de enfermedades agudas y crónicas, así como afectaciones en la salud reproductiva y el desarrollo infantil. Esta situación implica una doble transgresión a los derechos humanos, al restringir el acceso a una vida saludable y plena”.

“Es imperativo tomar medidas para abordar esta problemática, incluyendo la promoción de la agroecología como alternativa sostenible, la mejora de las condiciones laborales y el acceso a información veraz y completa sobre los riesgos de los plaguicidas. Solo a través de acciones concretas y coordinadas se podrá proteger la salud y los derechos de las comunidades afectadas por el uso indiscriminado de estos productos químicos”.

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