El gobierno nacional dispuso la intervención del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. La interventora es una abogada ex candidata a diputada del PRO por Salta.
A través del decreto 285/2024, el gobierno de Javier Milei dispuso la intervención del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) por el plazo de 90 días, con la posibilidad de prorrogarse por el mismo periodo por única vez a través de una resolución del Ministerio de Economía.
La designada fue Inés Liendo, integrante del PRO Salta quien fue precandidata a diputada nacional en las elecciones del 2021 y del 2023. En ambas elecciones, perdió las internas.
En el decreto de Milei, se establece que el INAFCI beneficiaba “discrecionalmente” a determinadas personas u organizaciones vinculadas a los agentes que intervenían en los procesos de asignación. Afirman que hubo “ocupaciones de tierras fiscales” por parte del personal del Instituto y de áreas naturales protegidas; y que es necesario analizar minuciosamente los programas con financiamiento externo. Estas afirmaciones, por el momento, no se acompañaron de evidencia o acciones legales.
El decreto expresa que es necesario proceder a “la reorganización profunda” del organismo para lograr que sus objetivos sean alcanzados con “mayor eficacia, eficiencia y economía”.
Liendo tendrá entre sus facultades elaborar un informe del estado de situación del organismo; realizar todas las acciones necesarias para ordenar el régimen del personal; relevar la dotación del organismo con la posibilidad de tomar medidas como racionalización de la planta, cesantías, pases a disponibilidad, suspensiones y revisión de designaciones realizadas a través de concursos; designar y remover funcionarios; relevar procesos judiciales y administrativos en los cuales esté involucrado el organismo; examinar su estructura y proponer modificaciones; revisar procesos de compras, contrataciones y transferencias; reordenar programas y proyectos; disponer una auditoría sobre las instalaciones, bienes muebles e inmuebles; y evaluar e informar al Ministerio los cumplimientos de observaciones y recomendaciones que se efectúen en el marco de las auditorías.
Desde ATE se emitió un comunicado que afirma: “los trabajadores del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) nos haremos presente en nuestros lugares de trabajo para manifestar el rechazo a los despidos y al cierre del Instituto”.
“Durante el fin de semana largo, la patronal de forma cobarde eliminó usuarios y contraseñas de los sistemas de Gestión Documental Electrónica, de correos electrónicos y acceso a legajos a más de 700 trabajadores, pero sin haber notificado formalmente de los despidos.
En este difícil momento donde miles estamos perdiendo nuestro trabajo, necesitamos estar en unidad y lucha, solidarizándonos con cada trabajador/a”.
“No buscan echar ñoquis ni funcionarios, buscan golpear y desmoralizar a lxs trabajadorxs y destruir a los organismos que como el INAFCI vienen trabajando desde hace más de 30 años con el sector de la producción familiar, generadora de alimentos y soberanía”.