El proyecto de Ley Ómnibus, recientemente enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación, incluye modificaciones a varias leyes ambientales, como las de bosques y glaciares, que se lograron por la fuerte presión de la sociedad. Los cambios propuestos ponen en riesgo el futuro de ecosistemas vitales para enfrentar la actual crisis climática y de biodiversidad en la que se encuentra el planeta Tierra.
Ante esta avanzada, organizaciones ecologistas, sociales e indígenas lanzaron una petición para salvar las leyes ambientales de las modificaciones que se proponen en esta Ley, que complementa el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia, ya que supone, además, una regresión ambiental en materia legislativa.
“Es urgente que alcemos la voz en contra de estas modificaciones que buscan desmembrar las leyes ambientales y flexibilizar su protección. Hace más de una década, más de dos millones de personas pidieron por la sanción de las leyes de bosques y glaciares, los hitos ambientales más importantes en la historia de Argentina. Es momento de que los legisladores tomen la decisión correcta, velen por el ambiente y resguarden los avances previamente obtenidos”, aseguró Diego Salas, director de programas de Greenpeace Andino a través de un comunicado.
Y agregó, “modificar estas leyes nos afecta a todos, y niega la urgencia de hacerle frente a la crisis climática y de biodiversidad en la que estamos, por ello, utilizaremos todos los medios necesarios para proteger la institucionalidad ambiental argentina, los logros conquistados por miles de argentinos y argentinas para proteger el ambiente, y continuaremos nuestro trabajo para defender a la naturaleza”.
Bajo la premisa “Salvá Las Leyes Ambientales”, la ciudadanía podrá suscribir su firma a través de la página web salvalasleyesambientales.org y así contribuir a detener las modificaciones planteadas en el proyecto de Ley Ómnibus.
“En materia socioambiental, el proyecto de Ley Ómnibus enviado por el presidente Milei al Congreso Nacional es un golpe al corazón de la legislación de protección ambiental argentina, ya que se propone liquidar las dos leyes que mayor esfuerzo ciudadano costaron en los últimos quince años: la Ley de Protección de Bosques y la Ley de Glaciares”, sostuvo Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial.
Ley de Bosques
Sancionada en 2007, la Ley de Bosques minimizó la deforestación a un 40% comparado a la década anterior. Gracias a la norma, hoy en día en el 80% de los bosques del país se prohíben autorizar desmontes. En caso de que se desee hacer uno de ello, se deben hacer estudios de impacto ambiental y audiencias públicas antes de aprobarlo. Además, no se permite deforestar en territorios indígenas.
Las modificaciones propuestas en la Ley Ómnibus permitirán que los gobiernos provinciales autoricen desmontes donde hoy está prohibido, y las topadoras podrán arrasar impunemente bosques para producción agropecuaria (soja y ganadería) y desarrollos inmobiliarios. También se desfinancia la ley, lo que repercutirá seriamente en los controles al desmonte ilegal y los incendios forestales, y en el fomento de actividades sustentables en los bosques. Por otra parte, se eliminarán mecanismos de acceso a información de comunidades indígenas y campesinas.
Ley de Glaciares
La Ley Nacional de Glaciares sancionada por el Congreso en el año 2010 tiene como objetivo la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Al definir a los glaciares como bienes de carácter público, la ley busca: preservarlos como reservas estratégicas de agua, proteger la biodiversidad, cuidarlos como fuente de información científica y valorarlos también en su potencial turístico.
Se realizaría una modificación en la ley a fin de habilitar la actividad económica en la zona periglaciar, es decir, el entorno que se encuentra alrededor del glaciar y que permite que este exista. La actual protección prohíbe la actividad minera y petrolera en zonas periglaciares. Este proyecto de ley ómnibus, elimina esa prohibición, con lo cual, no garantiza la protección de un ambiente complejo, que es resguardo de agua dulce y al que ya el calentamiento global puso en jaque.
Hasta el momento, ya son más de 96.000 las personas que firmaron la solicitud para detener estas modificaciones, en defensa de los ambientes naturales. (ANB)
Fuente: anbariloche